Con el voto mayoritario de los partidos de Morena, PT y PS fue aprobada ayer en lo general y hoy en lo particular la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Tras un debate que duró más de 16 horas, en una sesión con asistencia presencial y a distancia, los diputados discutieron 400 reservas.

En un marco de protestas en el pleno de San Lázaro en contra de la reforma, finalmente ayer por la tarde fue aprobada en lo general con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, la Ley de la Industria Eléctrica, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió como iniciativa preferente hace un mes a la Cámara baja.

Hoy, se aprobó en lo particular después de haberse presentado 400 reservas de legisladores del PRI, PAN, PRD, MC y Verde quienes sumaron 152 votos en contra, mientras que Morena, PT y PES sumaron 289 a favor del dictamen y se registró una abstención. La reforma aprobada fue enviada al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación o rechazo.

El dictamen tiene como objetivo fortalecer a la Empresa Productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y garantizar la confiabilidad. Por lo cual, la iniciativa modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de la citada ley, además con las reformas se pretende garantizar un sistema tarifario de precios que serán actualizados en razón de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el Contrato Legado de la CFE y el Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.

El documento también modifica el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en prioridad: Energía Producida por las Hidroeléctricas, Energía Generada en otras Plantas de la CFE, Energía eólica o solar de particulares y Ciclos Combinados de empresas privadas.

En tanto, los diputados se reservaron ocho artículos y tres transitorios de los 12 ordenamientos a modificar, es decir, prácticamente todas las modificaciones que planteó el Ejecutivo.

No obstante, los cambios no dejan contentos a las organizaciones empresariales del país, quienes han declarado que una vez publicada la nueva Ley, ésta será impugnada en tribunales así  como en la Suprema Corte, o tribunales internacionales de ser caso, pues debe respetarse la libre competencia.